Una sospechosa y cómplice sentencia judicial

Editorial del diario El Comercio de hoy, miércoles 10 de febrero de 2010

Como en los peores tiempos del fujimontesinismo, el Poder Judicial acaba de avasallar con total descaro las libertades de prensa y expresión al absolver, pese a todas las pruebas en su contra, al ex alcalde Luis Valdez Villacorta, sindicado como autor intelectual del asesinato del periodista pucallpino Alberto Rivera Fernández.

Ya lo habíamos adelantado en esta columna. Si los tribunales no eran capaces de hacer justicia en este emblemático caso, después de todos los vicios perpetrados en los últimos seis años, pues tendrían que asumir las consecuencias ante el país y ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) por su inexplicable, bochornosa, sospechosa y cómplice sentencia. Un fallo que, como corresponde, ha sido apelado por el Ministerio Público y que la Corte Suprema tiene que desestimar en todos sus extremos.

En realidad, como ha señalado el Consejo de la Prensa Peruana, la Tercera Sala Penal con Reos Libres —integrada por Jorge Aguinaga Moreno, Luis Carrera Conti y Malzon Urbina La Torre— no incluyó todas las pruebas presentadas por la fiscalía y la parte civil; es más, las eliminó por “insuficientes” y “contradictorias”.

Evidentemente para Valdez y su defensa no eran admisibles toda vez que demostraban que el acusado era la única persona interesada en la desaparición del periodista, cuya muerte sigue impune. En cambio, para la familia de la víctima, periodistas, instituciones periodísticas nacionales e internacionales y organismos de derechos humanos son más que reveladoras. ¿A quiénes defiende el Poder Judicial? ¿Qué derechos cautela: los del acusado más que los de la víctima?

Como señalan la fiscalía y la parte civil, el burgomaestre era el único con un móvil para asesinar a Rivera, a quien incluso acusó ante el Ministerio de Justicia de fomentar actividades subversivas días antes de ser asesinado. Nada de eso se permitió aclarar.

Tampoco por qué los sicarios y dos trabajadores de la Municipalidad de Coronel Portillo, hoy condenados como perpetradores materiales, declararon inicialmente que el ex alcalde los había contratado. Los cuestionados magistrados se negaron a recoger esas declaraciones y someterlas a un careo; en su lugar las invalidaron en vez de corroborarlas. Igualmente, desconocieron las investigaciones periodísticas que lograron grabar el testimonio acusador de uno de los sicarios en su contra.

Estas no son meras especulaciones, son evidencias que en el pasado reciente han sustentado grandes acusaciones y defensas. De eso puede dar testimonio el abogado de Valdez Villacorta, César Nakazaki, defensor de procesos como los de Alberto Fujimori y otros personajes, en los que ese tipo de pruebas ha sido más que suficiente para administrar justicia ejemplar.

En cuanto a los jueces Aguinaga y Carrera, que votaron por la absolución, deberán responder en los procesos de investigación que les sigue la OCMA. Pero para ser justos y equitativos, el Poder Judicial debería separarlos de la función jurisdiccional porque no son dignos de credibilidad ni ejemplos de transparencia.

En cuanto al ex alcalde, el país espera que la justicia escrute a fondo sus vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos, delitos que, irónicamente, el periodista Alberto Rivera Fernández denunció en el 2004, antes de ser asesinado.