Respeto por la memoria

Cinco años después del Baguazo

- Editorial de La República, sábado 14 de junio de 2014

En la Corte Superior de Justicia de Amazonas se inició hace algunos días la audiencia por los hechos registrados en la Curva del Diablo hace cinco años, el 5 de junio de 2009. En el suceso conocido como el Baguazo perdieron la vida 33 personas: 23 policías y 10 civiles integrantes de una de las etnias amazónicas. Ese día desapareció el oficial de la PNP Felipe Bazán.

En el banquillo de los acusados han sido sentados 53 procesados, entre ellos 23 indígenas de las etnias awajún-wampis, acusados por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, rebelión, sedición y motín, contra la tranquilidad pública, arrebato de armamento o municiones de uso oficial, entre otros. El fiscal ha solicitado penas de entre 35 años y cadena perpetua.

Entre los acusados no están los que originaron este hecho de sangre, es decir, los que formularon y suscribieron los decretos legislativos que violaban el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades nativas, los mismos que los defendieron públicamente amenazando con la paralización del TLC con EEUU en caso se derogaran. Tampoco están todos los responsables del desastroso operativo de esa ingrata fecha que causó muerte y dolor. Como en otras oportunidades, por ejemplo el Caso Uchuraccay, son los más débiles y carentes de voz y defensa los que serán condenados.

Dos informes sobre estos sucesos deberían motivar la atención de jueces y fiscales, el informe en minoría de la Comisión Especial para la investigación de los sucesos de Bagua, suscrito por Jesús Manacés y Carmen Gómez, y el informe en minoría presentado por el ex congresista Guido Lombardi. En ellos se realiza una exhaustiva reseña de hechos que deberían tener relevancia penal.

Junto a ese escenario judicial del caso destacan recientes aseveraciones falaces y extremadamente alevosas que responsabilizan de los sucesos de Bagua a los obispos amazónicos, a la Defensoría del Pueblo, a las ONG y a la prensa. Repitiendo el gastado argumento de que las comunidades nativas inocentes e ignorantes manipuladas por foráneos perversos e ideologizados. Este relato pretende suprimir las responsabilidades políticas de las autoridades de entonces y relativizar la consulta previa y la licencia social.

Ha hecho bien la Defensoría del Pueblo en rechazar estas versiones que la sindican como agitadora y recordar su labor de mediación y acompañamiento del diálogo, y el hecho de que el conflicto de Bagua fue alertado a las autoridades desde marzo del 2008, es decir, 15 meses antes de los luctuosos hechos del 5 de junio de 2009.

 Otros ex funcionarios de la Defensoría han recordado que en octubre de 2008 esta institución emitió un informe sobre el Decreto Legislativo 1090 afirmando que a diferencia de la Ley Forestal que derogaba no consideraba como recursos forestales ni a las plantaciones forestales ni a las tierras cuya capacidad de uso mayor sea forestal, uno de los ejes de los reclamos de las comunidades nativas que el gobierno de entonces se negó a rectificar oportunamente.

Es preciso que los sucesos de Bagua se juzguen en base a la verdad y que en el balance público no se deformen los hechos. Esos esfuerzos muy interesados no alterarán la memoria sobre este dramático momento ni impedirán el reclamo de justicia.