- Página editorial del diario La República, miércoles 4 de junio de 2014
Hace unos cuantos meses, cuando con el voto de gran parte de los grupos políticos el pleno del Congreso aprobó duplicar el número de miembros de la Comisión de Ética parlamentaria, se dio una señal inequívoca a la ciudadanía: la existencia de esta Comisión, que debía trabajar los fines de semana y hasta en periodos de receso ante el enorme número de denuncias que debía resolver, molestaba y algo había que hacer para neutralizar sus actividades.
Pero como desactivar la Comisión hubiese provocado una nueva reacción adversa en la opinión pública, comprensiblemente harta de los congresistas “robacable”, “comepollo” y demás alias impresentables, se optó por un camino sinuoso pero igualmente efectivo: se elevó el número de sus miembros de siete a 15. De este modo los debates en su interior se eternizarían y se haría más fácil el intercambio de favores que es clave en el otoronguismo (“hoy por mí, mañana por ti”) para consagrar la impunidad de la corrupción.
En este panorama sombrío, el caso de la congresista Cenaida Uribe puede parecer “menor”, aunque no lo sea. Las comisiones parlamentarias no son instancias judiciales, por tanto trabajan sobre indicios razonables y no sobre pruebas. Y había suficientes indicios en el dictamen de la subcomisión técnica como para asegurar que la mencionada congresista había cometido una falta grave a la ética al efectuar una gestión ajena a su labor parlamentaria en favor de una conocida empresa de publicidad ante el entonces director de un colegio emblemático, hoy despedido.
El informe no fue aprobado por una diferencia mínima, provocando la renuncia del congresista Lay a la presidencia. Faltó coraje al pastor Lay, quien debió plantearla con carácter de irrevocable. En verdad, esta es la única renuncia que existe, pues todas las demás son únicamente fintas para provocar una negociación que nos parece inadmisible luego de lo ocurrido. Nada queda por negociar cuando una votación deja en evidencia que la ética es lo último que importa.
Pero hay más. Luego del caso Uribe, la Comisión de Ética debía tratar otros dos aún más graves que se vienen dilatando interminablemente: el del congresista fujimorista Julio Gagó –que siguió negociando con el Estado a través de empresas de su propiedad, valiéndose de su condición de parlamentario– y el del congresista separado de Solidaridad Nacional Heriberto Benítez, cuya campaña política fue financiada por la mafia enquistada en el gobierno regional de Áncash, hoy tras las rejas en Piedras Gordas. En ambos casos hay mucho más que indicios.
Estos casos, y otros, no podrán ser vistos, puesto que la renuncia de los fujimoristas de Fuerza Popular y luego de los del PPC-AN a seguir integrando la Comisión le impide sesionar. Ambas agrupaciones sostienen buscar una recomposición de este grupo de trabajo y un retorno a su estructura anterior. Pero cualquiera que sea la solución por la que se opte, esto no ocurrirá antes de semanas y acaso meses de largas negociaciones entre grupos políticos, con lo cual el resultado es el mismo que propiciaba el otoronguismo: la paralización de una Comisión cuya fiscalización, por débil que sea, estorba. Y después se quejan de la mala imagen que tiene el Congreso.
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